El
movimiento estudiantil ha levantado una demanda que toca lo más
esencial del modelo político, económico y social instaurado por la
derecha neoliberal y resguardado eficientemente por la Concertación
durante veinte años: atentar contra el lucro es atentar contra el
corazón del sistema.
La demanda debe permanecer
en ese grado de radicalidad: no al lucro en educación. Y esto
significa, muy en concreto, que se termine la lógica de
autofinanciamiento de las universidades, que se termine con el
financiamiento universitario a través del endeudamiento de las familias
con la banca, que el Estado se haga responsable del financiamiento
directo y estable de al menos el 50% del presupuesto de las
universidades estatales, y tradicionales no privadas; que el Estado
financie de manera directa el 100% del presupuesto de la educación
estatal preescolar, básica y media.
No a la
lógica del lucro en educación no significa prohibir el lucro para los
que puedan pagarlo. Pero significa que el Estado no debe dar ni un peso a
las empresas educacionales privadas. Ni directamente, ni
indirectamente, a través de exenciones tributarias o sistemas de
subvenciones. Significa que se deben congelar las subvenciones a la
educación privada, y luego disminuirlas progresivamente, para volcar
todos esos recursos a la educación estatal.
No a
la lógica del lucro no significa afectar la libertad de enseñanza. Que
todo el que quiera instalar instituciones educacionales por su cuenta, y
desde su bolsillo lo haga. Significa, en cambio, que el Estado se haga
cargo de la demanda educacional, y garantice la educación para todos los
chilenos que la requieran de manera libre y gratuita. Significa que el
Estado cree las escuelas y liceos que puedan satisfacer esa demanda. Que
cree un sistema de educación técnico profesional masivo y gratuito. Que
cree sistemas de educación y perfeccionamiento para trabajadores.
Con
toda razón, si es esto lo que se somete a plebiscito, los que en su día
se opusieron a la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, hoy día
están aterrorizados. Y son capaces de hacer muchas cosas para impedirlo.
Porque si el conjunto de la ciudadanía se pronuncia a favor de estas
demandas, no habría razón ya para mantener el mismo sistema en la salud,
ni para los subsidios millonarios a los empresarios del transporte, ni
para el sistema que permite a las grandes empresas pagar menos impuestos
que las personas comunes. Porque si los ciudadanos se pronuncian a
favor de estas demandas no habría razón ya para mantener nuestras
riquezas básicas en manos del capital extranjero.
Están
dispuestos a hacer muchas cosas, y ya las están haciendo. Infiltrar las
marchas con policías encapuchados, hacer uso del monopolio que detentan
sobre los medios de comunicación para decir diez sobre el gran apoyo
que tiene el movimiento y luego noventa sobre la “violencia a la que
conduce”. Diez para decir que algo es justo, noventa para azuzar el
temor, y la división.
Pero es obvio que la
manipulación y la violencia policial son herramientas políticas muy
débiles. Y eso es lo que han mostrado las movilizaciones, que crecen y
suman cada día a nuevos adherentes activos. Las herramientas políticas
más eficientes son los propios políticos, que se supone nos representan.
Eso es lo que han mostrado los veinte años anteriores, administrados
por la Concertación.
Es por eso que el
gobierno, y los mismos parlamentarios y, ¡cómo no! la inefable Iglesia
Católica, insisten en llevar la discusión al Parlamento. A un Parlamento
elegido por votación binominal, con la derecha largamente sobre
representada, con más la mitad de la Concertación esperando repetir la
misma gracia que hizo al distorsionar la salida al movimiento
estudiantil de 2006.
¿Qué discutir en un
Parlamento que no representa a los ciudadanos? ¿Cómo emplazar a ese
Parlamento a cumplir un rol real, que vaya más allá de legitimar y
respaldar una y otra vez al modelo económico instalado? ¿Cómo ir al
Parlamento sin que ese diálogo se convierta sólo en un show mediático
con vistas a las próximas elecciones?
Lo único
que puede hacer el Parlamento para dar salida a este conflicto es
aprobar reformas constitucionales que apunten a la demanda central: que
el Estado garantice educación gratis y de calidad en todos los niveles,
para todos los chilenos que lo requieran. ¿Es eso lo que el Parlamento
quiere hacer?
Si el Parlamento no quiere, o no
puede, hacer estas reformas, porque las mayorías construidas de manera
mañosa se lo impiden, porque no quiere cargar con decisiones que enojen a
quienes financian las campañas de cada parlamentario, lo que debe hacer
el aprobar reformas constitucionales que permitan que los ciudadanos
sean consultados por la vía plebiscitaria, de tal manera que sus
pronunciamientos sean vinculantes para el poder político.
Justamente
ahora, muchos actores políticos están planteando la posibilidad de un
plebiscito. Considerando los modos de hacer política en este país, casi
estoy de acuerdo con la sensación de Carlos Larraín. La verdad es que
nosotros también deberíamos estar preocupados por tal posibilidad.
¿Un
plebiscito para decir sí o no a un enunciado genérico? ¿Un plebiscito
para aprobar derechos sin establecer la manera de hacerlos exigibles?
¿Un plebiscito para llamar a la unidad nacional sin tocar en absoluto
las bases del sistema que todas estas demandas están impugnando?
El
movimiento social debe establecer claras condiciones sobre el modo y el
tema en un eventual acuerdo en torno a un plebiscito. En primer lugar,
se debe establecer una prioridad en torno a los temas que deberían ser
sometidos a consulta en el plazo inmediato, aunque a mediano plazo todos
estos temas deban ser resueltos por esa vía.
La
prioridad no es difícil de establecer. Un plebiscito que apruebe el
llamado a la elección de una Asamblea Constituyente, elegida de manera
proporcional, que sea deliberante, que redacte ella misma proyectos de
nueva Constitución Política, y que someta las alternativas a la
aprobación ciudadana.
Si los Honorables y
Excelentísimos no están dispuestos a someter la Constitución de Pinochet
a tal peligro, entonces el plebiscito debe ser una consulta directa
sobre las demandas que están planteadas por el movimiento estudiantil.
Como he indicado antes, esta posibilidad requiere de una reforma
constitucional, que debería aprobarse ahora mismo, para establecer la
existencia de tal mecanismo, y para que sus resultados sean vinculantes
para todos los niveles de la autoridad política.
Nuevamente,
teniendo presente el mundo de trucos y manipulaciones que son
características del mundo político establecido en este país, es
necesario ser específicos en torno a las alternativas que no apuntan
directamente sobre las demandas planteadas. Tanto en el contenido, como
en el modo de una consulta pueden ser manipulados, o redirigidos a temas
que logren mantener los fundamentos del sistema.
La
primera cuestión, y no es casual que sea esta alternativa justamente la
que más se escucha, es que no debería aceptarse que el plebiscito gire
en torno al sistema binominal. Esto aplaza las demandas, y las entrega,
nuevamente, a las decisiones de representantes que no necesariamente
representan a sus representados. A estas alturas la demanda contra el
sistema binominal sólo favorece a la misma clase política, y lo que se
busca con ella es eliminar el obstáculo que representa para los muchos
ambiciosos que hacen fila para las candidaturas posibles, y que no saben
cómo sacarse de encima a los que ya están apernados desde hace veinte
años.
Un sistema electoral proporcional, que
represente efectivamente a todos los sectores ciudadanos, que evite la
vergüenza de las reelecciones eternas, la impresentable vergüenza de que
los partidos políticos designen a los reemplazantes en caso de
vacancia, a espaldas del electorado, que evite la vergüenza de que las
campañas de los políticos sean financiadas con dinero de todos los
chilenos, sólo será posible cuando haya una nueva Constitución, aprobada
de manera democrática, que termine con la dictadura de los que
administran el modelo que heredaron de la dictadura.
Una
segunda cuestión es que, con la única excepción de un llamado a
Asamblea Constituyente, la demanda por eventuales consultas
plebiscitarias debería ser en torno a objetivos económico sociales, no
en torno a objetivos políticos. Como he señalado: los objetivos de tipo
político sólo se conseguirán con una Constitución nueva. Si no es bajo
esa condición, sólo servirán para reafirmar a la misma clase política en
que actualmente no podemos confiar.
Los
objetivos son muy fáciles de enumerar. Plebiscito para preguntarles a
todos los ciudadanos sobre la nacionalización de las riquezas básicas,
sobre la aplicación o no del sistema de mercado para regular la salud,
el transporte, los servicios básicos. Es a ese tipo de consultas a las
que Carlos Larraín “le tiene terror”. Esas son las consultas que apuntan
al corazón del modelo.
Una última cuestión, en
ningún caso menor, es acerca del modo bajo el cual las eventuales
consultas plebiscitarias pueden resultar aceptables. Una reforma
constitucional debe establecer al plebiscito como mecanismo vinculante
para todos los niveles de autoridad política del país. Ningún poder
puede estar por sobre el pronunciamiento directo y soberano del conjunto
de la nación. Plebiscitos que puedan ser convocados por el 5% del
padrón electoral. Que puedan ser convocados independientemente a nivel
nacional, regional y comunal. Que tengan alternativas de contenido, no
simplemente una frase en torno a la cual decir sí o no. Que puedan
consultar varios temas a la vez. Que se hagan regularmente, junto con
las elecciones de autoridades políticas.
Un
plebiscito no es la única salida para las demandas del movimiento
estudiantil. La primera salida es que las demandas sean aceptadas y
efectivamente cumplidas. Pero si lo que se acuerda es un plebiscito, que
se haga sobre lo que es sustantivo, y que de garantías de que no
seremos burlados una vez más, como ha ocurrido ya durante los últimos
veinte años.
Educación estatal gratis y de
calidad ahora, con o sin plebiscito. Esa es la demanda sustantiva. Es
con esa demanda que logramos tocar la esencia del sistema. Si es a
través de un acuerdo con el gobierno, estará muy bien. Si es a través de
un acuerdo con el Parlamento estará mejor. Si logramos que el acuerdo
resulte vinculante porque se ha consultado al conjunto de los
ciudadanos, muchísimo mejor. Es esta la demanda que nos pone en el
camino de la recuperación de la dignidad para Chile.
http://www.argenpress.info/2011/09/chile-le-tengo-terror-un-plebiscito.html
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